Proposición no de Ley sobre un Acuerdo de País contra los Discursos de Odio

El Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con los artículos 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente Proposición no de Ley sobre un Acuerdo de País contra los Discursos de Odio, para su debate en Pleno.

España es un país referente a nivel internacional respecto a las políticas igualitarias, la conquista y defensa de los derechos y libertades del colectivo LGTBI, la lucha contra el racismo y la xenofobia, y la protección de minorías y de los colectivos vulnerables.

No en vano, nuestro país se convirtió en 2005 en el tercer país del mundo en reconocer el derecho a contraer matrimonio por parte de personas del mismo sexo, con la entrada en vigor de la Ley 13/2005, de 1 de julio, por la que se modificaba el Código Civil, y en el primero del mundo en permitir la adopción a las familias homoparentales, hechos que supusieron un antes y un después no sólo para las personas LGTBI sino para el conjunto de la sociedad española.

Posteriormente, en 2007, también fuimos pioneros en el mundo, al regular la rectificación registral de la mención relativa al sexo, posibilitando a las personas trans cambiar su sexo sin necesidad de someterse a un procedimiento quirúrgico de reasignación. Esta ley pionera fue actualizada con la recién aprobada Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI. Una norma que ha supuesto un nuevo avance en derechos para el colectivo LGTBI, incidiendo en ámbitos como la sanidad, la educación, prohibiendo las mal llamadas terapias de conversión, reconociendo el derecho a la filiación a las parejas de mujeres y despatologizando finalmente el proceso de transición, otorgándole una merecida dignidad a la sigla más maltratada del colectivo: las personas trans.

Nuestro país es un referente mundial de los derechos civiles con la aprobación de leyes y medidas como la Ley de lengua de signos, la Ley de adaptación de la Convención de las personas con discapacidad, el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración o más recientemente la Ley de Regulación de la Eutanasia.

La aprobación en 2022 de la ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, conocida como «ley Zerolo», una ley trabajada durante más de una década junto a los colectivos vulnerables que garantizó la protección frente a la discriminación por motivo de raza, etnia, sexo, religión, edad, discapacidad, enfermedad y cualquier otra condición personal o social, y que tipificó por primera vez el antigitanismo como delito de odio.

Sin embargo, esta trayectoria intachable en el avance continuo de conquista de derechos de las personas racializadas, migrantes, LGTBI y demás colectivos y minorías vulnerables, se ha visto frenada y gravemente amenazada por las políticas desplegadas por determinadas administraciones autonómicas y locales, especialmente tras los cambios en algunos ejecutivos que tuvieron lugar en mayo de 2023.

Entre los primeros acuerdos de los nuevos gobiernos de algunas comunidades autónomas y ayuntamientos se encontraban medidas como retirar las banderas arcoíris de los edificios públicos, suprimir concejalías o consejerías que tenían como objetivo trabajar por la diversidad y la igualdad plena de las personas lesbianas, gais, bisexuales, trans e intersexuales, o eliminar ayudas públicas a las asociaciones y organizaciones que se dedicaban a dichos fines.

A ello hay que añadir que desde que la ultraderecha irrumpió en las instituciones públicas, los discursos de odio se han expandido y las agresiones contra el colectivo han ido en aumento.

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTBI), presentó en 2023 el informe de Estado del Odio en el que se detallaba que, en los últimos 5 años en España, alrededor de 300.000 personas habían sido víctimas de agresiones por su orientación o identidad sexual. Según datos del Ministerio del Interior, desde 2018 se ha producido un incremento del 70% en delitos de odio por orientación sexual o identidad de género.

Las cifras provisionales de 2023 sobre los delitos de odio en España, pendientes de la consolidación de los datos de las policías autonómicas, señalan que las fuerzas de seguridad registraron, en 2023, 1.606 incidentes de delitos de odio en España, lo que supone un aumento de un 33,1% respecto al año anterior, mientras que hubo 712 detenidos, un 40,2% más.

La mayoría de los incidentes registrados el pasado año, 604, están relacionados con el racismo y la xenofobia, ámbito al que está vinculado el grupo más numeroso de personas detenidas, 235. En segundo lugar, están los incidentes relacionados con la discriminación por la orientación sexual o identidad de género de la víctima, 364, por los que se practicaron 184 detenciones. Respecto al resto de tipologías vinculadas con los delitos de odio destaca el número de incidentes sufridos por personas con discapacidad, 36, un 227,3% superior a los 11 registrados en 2022.

Según la última encuesta de 2023 de la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) el 45 % de las personas afrodescendientes declara haber experimentado discriminación racial en los 5 años anteriores a la encuesta, lo cual supone un aumento en relación con la de 2016 del 39 %; el 30 % de los encuestados afirma haber sufrido acoso racista; el 34 % se sintió discriminado por motivos raciales durante la búsqueda de empleo y el 31 % en el trabajo, pero casi nadie lo denuncia. La FRA insta a los gobiernos europeos a aplicar correctamente la legislación contra la discriminación, así como sanciones eficaces, proporcionadas y disuasorias e identificar y registrar los delitos de odio, y considerar la motivación por sesgo como circunstancia agravante en la determinación de las sanciones. La FRA establece en su informe anual de 2022 que el antigitanismo, la discriminación, la pobreza y la exclusión social, así como los delitos motivados por el odio y la incitación al odio, siguen afectando a un número desproporcionado de personas gitanas en toda la UE.

El aumento de los discursos de odio dirigidos hacia diversos colectivos y minorías, incluido el colectivo LGTBI, personas de minorías étnico-raciales, migrantes, con díscapacidad, personas seropositivas y otras comunidades objeto de estigma y discriminación, representa una seria amenaza para la convivencia pacífica y los derechos humanos en nuestra sociedad. Estos discursos no solo generan división y promueven la discriminación, sino que también pueden derivar en actos de violencia física y emocional.

Estas manifestaciones son un mal que envenena nuestra convivencia y destruye nuestra capacidad de construir una sociedad mejor y más cohesionada. Y nos interpela a no ser indiferentes contra la injusticia y a actuar decididamente contra quienes atacan los derechos humanos y la diversidad. A ser firmes a la hora de defender el derecho a la igualdad de trato y no discriminación, y a la igualdad real y efectiva de todas las personas que conviven en nuestra sociedad, tal y como expresa nuestro texto constitucional en sus artículos 9.2 y 14.

Dicha defensa implica el compromiso inquebrantable con la protección de las víctimas y de las personas vulnerables frente a la discriminación y los discursos de odio, y pone en valor la labor de todas las personas y entidades de la sociedad civil, que trabajan junto a las administraciones públicas en garantizar una sociedad en la que ninguno de sus miembros pueda verse discriminado por el color de su piel, su origen racial o étnico, su orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o características sexuales, su lugar de procedencia, discapacidad o edad porque, en suma, una sociedad en la que no se discrimina y/o estigmatiza a su ciudadanía es una sociedad mejor y más democrática.

España lleva años avanzando en la lucha contra los delitos e incidentes relacionados con el odio y la discriminación. Tanto las actuaciones especializadas de la Fiscalía General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, como el camino recorrido por el Acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGBTIfobia y otras formas de intolerancia, han sido pasos importantes.

No obstante, debemos seguir sumando esfuerzos en la lucha contra los discursos y delitos de odio, que debe ser una tarea compartida por todos los sectores sociales e instituciones para acabar con una lacra en aumento, no solo en nuestro país, sino en toda la Unión Europea.

Por ello, el Grupo Parlamentario Socialista presenta la siguiente:

PROPOSICIÓN NO DE LEY

«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:

1. Impulsar, con el mayor consenso posible, junto a las fuerzas políticas con representación parlamentaria, las administraciones públicas y las organizaciones de la sociedad civil, la adopción de un Acuerdo de País contra los Discursos de Odio, con el objetivo de erradicar la discriminación que sufren las minorías y colectivos vulnerables, y para remover todos los obstáculos que siguen impidiendo que estas personas puedan desarrollar sus proyectos vitales en condiciones de igualdad.

2. Favorecer que las Administraciones educativas promuevan la implantación de medidas preventivas y programas en centros educativos, cuya finalidad sea la de eliminar los prejuicios y estereotipos que alimentan los discursos de odio, así como que el alumnado adquiera las competencias necesarias que les permitan desarrollarse y vivir en el respeto a la diversidad y la promoción de la inclusión de las minorías y colectivos históricamente discriminados para el cumplido desarrollo de los currículos educativos.

3. Diseñar campañas de sensibilización dirigidas a la sociedad en general, a fin de concienciar sobre las consecuencias negativas de los discursos de odio y de promover el respeto a la diversidad.

4. Impulsar el tejido asociativo que promueve el respeto a la diversidad y las redes de apoyo para las víctimas de los discursos de odio.

5. Realizar análisis estadísticos sobre las consecuencias perjudiciales de los discursos de odio, acompañándolo de un sistema de seguimiento mediante la recopilación de datos que sirva como termómetro para medir los efectos de los mismos, con el objetivo de facilitar el desarrollo e implementación de políticas preventivas.

6. Elaborar un estudio anual que evalúe el impacto que tienen los discursos de odio y sus consecuencias en el colectivo LGTBI, las personas migrantes, las personas de distinto origen étnico-racial, y en el resto de colectivos vulnerables, para poder identificar las necesidades y recopilar información útil que ayude a desarrollar estrategias de acompañamiento y protección a quienes los sufren.

7. Impulsar programas de formación en el ámbito laboral, haciendo especial hincapié en el funcionariado, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y el ámbito sanitario, a fin de otorgarles las capacidades y herramientas necesarias para saber identificar, abordar y asistir correctamente a las víctimas de los discursos de odio.